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SOCIEDAD || 2018-02-06 06:35:09
Carta Organica Municipal: Justicia resolvio rechazar medida cautelar presentada por el municipio
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La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería resolvio rechazar liminarmente la medida cautelar innovativa solicitada por la doctora Laura Morales, expresando que “por expresas instrucciones de su mandante” comparece a interponer “medida cautelar de no innovar, y en su caso medida innovativa” a fin de obtener la suspensión de la entrada en vigencia de la nueva Carta Orgánica Municipal (en adelante COM), sancionada el 21 de noviembre de 2017 por la Convención Constituyente Municipal, por lo que denomina que serían “gravísimas consecuencias institucionales” que menciona.


Sentencia

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de enero del año dos mil dieciocho, integrada esta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería por los señores Jueces de Feria doctores Marcelo A. Gutiérrez, Federico E.
Corsiglia y Marissa L. Palacios, para resolver el pedido de la medida cautelar innovativa solicitada en estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE CATRIEL S/ MEDIDA CAUTELAR” (Expte. Nº 3459-SC-17); de los que, RESULTA:
1).- Que a fs. 75/79 se presenta Laura Gabriela Morales, invocando su carácter de letrada apoderada de la Municipalidad de Catriel, a su vez con patrocinio letrado, expresando que “por expresas instrucciones de su mandante” comparece a interponer “medida cautelar de no innovar, y en su caso medida innovativa” a fin de obtener la suspensión de la entrada en vigencia de la nueva Carta Orgánica Municipal (en adelante COM), sancionada el 21 de noviembre de 2017 por la Convención Constituyente Municipal, por lo que denomina que serían “gravísimas consecuencias institucionales” que menciona.
Tales serían, conforme narra, las disposiciones atinentes a las modalidades de las contrataciones públicas (arts. 2, 200 y 201 de la COM); la determinación del Ejido Municipal (art. 3 COM); preceptos referidos al derecho a la salud y su responsabilidad (art. 85 COM); la creación de la denominada “Banca del Pueblo” (art. 247 de la COM); las normas referidas al patrimonio municipal, inmuebles y automotores (arts. 191, 193 COM); artículos que disponen sobre las “escrituras” (art. 195 COM), las funciones del Intendente (296 y 306 COM) y el Tribunal de Cuentas (art. 327 COM). Señala, en particular referencia a cada caso, que a través
de las disposiciones comunales citadas se afectarían derechos adquiridos por contratantes y proveedores, o bien facultades atribuidas a la Provincia por la Constitución rionegrina, o en su caso la ley 4193 y el Código Procesal Civil y Comercial, y se agrega que algunas de las normas municipales citadas afectarían el régimen representativo y republicano.
Postula que el derecho que se pretende resguardar es verosímil, que existiría peligro en la demora por el daño que se generaría a la vida del Municipio, y manifiesta que no cuenta con otro modo de obtener la precautoria.
2).- Que la providencia inicial de fs. 80 requirió precisiones en el objeto de la cautelar solicitada, la cual a fs. 81/82 se enderezó como “medida cautelar innovativa”, tendiente a que se ordene el cese de la vigencia de la COM. A fs. 83 se intimaba la ratificación de la gestión  invocada, integrándose este Tribunal con los magistrados (en funciones en esta Feria),
pasando luego los autos a resolver; y CONSIDERANDO:
3).- Que en primer lugar es preciso puntualizar que la abogada compareciente, doctora Laura Gabriela Morales, se presenta invocando su carácter de letrada apoderada de la Municipalidad de Catriel, acompañando un poder general, y asimismo manifiesta que realiza el planteo de la medida cautelar “siguiendo expresas instrucciones” de su mandante.
Pero lo cierto es que, para este particular, el apoderamiento en términos de generales es de interpretación restrictiva y tiene un marco delimitado por la propia ley (art. 375 y ccdtes. 
CCCN), con límites de gestión de asuntos de naturaleza ordinaria, que se ven en la especie manifiestamente excedidos, no cubriendo la representación alegada el supuesto objetivo de autos. De ahí que la letrada apoderada del Municipio no detenta legitimación “sustancial” a los fines de promover una actuación judicial de la naturaleza pretendida, cuestionando directamente la entrada en vigencia de la Norma Fundamental (Constitución) del Municipio  -persona jurídica de derecho público- a la que dice a su vez que representa en juicios y en cuyo nombre afirma que actúa, significando ello una insuperable contradicción.
No consta que la mencionada letrada pudiera ejercer cargo electivo en la comunidad, o representativo de la misma y/o del pueblo de Catriel en sentido institucional, ni que lo hubiese eventualmente tenido en la Convención Constituyente que dictó la normativa cuya operatividad persigue poner en entredicho por este carril. Tampoco se aclara cuales ni de quién emanaron las “expresas instrucciones” que aduce que la traen, ni se justifica -en su caso- la falta de comparendo directo de posibles representantes institucionales. 
Ello determina, por sí sólo, la desestimación de la cautelar solicitada, en la medida en que la letrada no exterioriza ningún derecho subjetivo, ni interés jurídico, cierto, directo y actual, de ninguna naturaleza, para sustentar una “legitimación” idónea para los fines que persigue; ni se fundamenta la pertinencia del carril procesal elegido para la finalidad
postulada.
4).- Que sin mengua de lo expresado, y desde otra perspectiva distinta pero afín en definitiva, es preciso puntualizar que se trataría de tentar una medida cautelar solicitándola absolutamente en abstracto, sin que medie una “controversia” o “caso judicial” en sentido propio y estricto, observándose que varias de las supuestas irregularidades que la compareciente le achaca a preceptos de la COM, no consta que hubieran registrado principio de ejecución, ni cuestionamiento cierto de quienes serían mencionados por la presentante como presuntos afectados por los mismos. En esa línea de reflexiones, cuadra mencionar -a
mero título ilustrativo- que la compareciente no evidencia representar ni a proveedores, ni a co-contratantes, ni a la Provincia o alguna de sus dependencias, ni a los Municipios colindantes, ni al Intendente elegido, ni a los escribanos o a ese Colegio profesional, que serían los afectados por las disposiciones de la COM que se indican.
La petición cautelar no va acollarada a ninguna acción concreta que pudiera haberse deducido en juicio, o que se anuncie que legítimamente habrá de interponerse, por lo que mediante aquella solicitud no se procuraría garantizar la efectividad de una eventual sentencia hipotética futura, sino lograr simplemente la virtual inaplicación de la nueva Carta Orgánica; sin marco razonable de duración temporal, y sin audiencia ni debate con los legitimados institucionales e interesados; pues ni siquiera se indica quién habría de ser el “sujeto pasivo” de la cautelar, que en el discurso de la presentante aparecería confundido con su propio mandato, dado que el actuar de la Convención se habría agotado con la sanción de la COM.-
Destácase que no se trata -tampoco- de un supuesto encuadrable en la llamada medida cautelar “autónoma”, habida cuenta que no se indica que se hallaría en curso de tramitación una disputa sobre el asunto, por otras vías y/o carriles.
4).- Que por otra parte, en un sentido amplio y general, cuadra puntualizar que siendo que la Carta Orgánica Municipal atacada ha sido dictada por una Convención Constituyente Municipal, elegida por el pueblo de la localidad de Catriel (que delibera y gobierna a través de sus representantes) para esos fines, y en cuyo seno ha debido debatirse ampliamente la normativa sancionada, ha de presumirse la “legitimitidad” de su convocatoria, elección, actuación y representatividad, y en general de sus actos públicos, institucionales y administrativos, en los términos de los arts. 2, 25, 228 y concordantes de la Constitución
Provincial; amén de la explícita garantía a la “autonomía” municipal que consagra dicho plexo; e igualmente de la Carta Nacional.
En términos generales, y siempre desde lo conceptual, la medida precautoria solicitada es, de por sí, restrictiva cuando se trata de actos de la Administración Pública (vid. A. Bacre, Medidas Cautelares, pág. 499 y sus citas). Se ha dicho en doctrina y jurisprudencia que “…no es procedente la prohibición de innovar cuando se ataca la presunción de validez de que están investidos, en principio, los ordenamientos legales y los actos del poder público. De esta manera, aún cuando se plantee la inconstitucionalidad de una ley, ello no puede en principio destruir la legitimidad de que gozan los actos del poder político, razón por la cual, mientras no se desvirtúe esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida…” (aut. op. cit. pág. 503 y su cita del ST de Corrientes, in re: “Poder Ejecutivo c/ Poder Legislativo” del 20.11.95).
Más aún, en el sistema de derecho público argentino y rionegrino son restrictivísimas las posibilidades de interferencia o intervención de los poderes públicos nacionales y provinciales, inclusive el judicial, en la vida interna e institucional de los Municipios (arg. vid. conceptual y analógicamente, Ley de Municipios, arts. 15, 117 y ccdtes.); y máxime cuando -insólitamente y como en este caso- se pretende que se suspenda la vigencia de la Constitución Municipal, recientemente sancionada por una Convención Constituyente conformada al efecto, elegida por el pueblo del modo que marca la ley, y representativa del
mismo y de los actores políticos legitimados; con las gravísimas consecuencias que ello podría entrañar; y que superarían largamente el supuesto peligro potencial que se aduce en abono de lo solicitado.
Esas circunstancias, a todo evento y por añadidura, privan de sustento al requisito de la “verosimilitud” del supuesto derecho que se enfrasca en la cuestión, inherente a la materia cautelar.
5).- Que lo decidido no implica abrir juicio sobre otros posibles aspectos de la cuestión, ni desde una perspectiva procesal ni tampoco sustancial, sin que lo expresado suponga la emisión de opinión sobre la pertinencia formal del “objeto procesal” ni de los cauces elegidos, limitándose el presente a la desestimación liminar de la cautelar peticionada, por lo “supra” indicado.
En mérito a ello, LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA RESUELVE:
Primero: Rechazar liminarmente la medida cautelar innovativa solicitada a fs. 75/79 por la doctora Laura Gabriela Morales, quién se presenta invocando que lo hace en su carácter de letrada apoderada del Municipio de Catriel, tendiente a que se suspenda la vigencia de la Tomo: nueva Carta Orgánica Municipal de dicha localidad, sancionada el 21 de noviembre de 2017.
Costas a cargo de la compareciente (art. 78 y ccdtes. del CPCC).
Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
 
 
FOTO: GENTILEZA VSN 
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